La Ley Orgánica sobre protección integral a la infancia y la adolescencia también incluye a los menores migrantes

El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la culminación de la tramitación de una gran reforma sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio – SP/LEG/34154-). 

No hay que olvidar que la estimación de la edad en casos de menores no acompañados es un desafío de primer orden que requiere tomar plena conciencia de la complejidad que comporta. La edad distingue entre el acceso a servicios de protección infantil, educación y sanidad, si se es menor, y a beneficios, otorgamientos de poderes y derechos ciudadanos, si se es adulto, incluyendo la legislación laboral, permisos, pensiones, y, a menudo, determina el éxito o el fracaso de una solicitud de asilo.

Además, la normativa internacional y nacional recoge el mandato de que sea el Estado quien proteja al menor extranjero que llega sin estar a cargo de ningún adulto a nuestro territorio.

Nuestro Tribunal Supremo dejó claro que un pasaporte internacional cuando se cumplan los requisitos exigidos en el país de origen y contenga los datos suficientes para la determinación de identidad y nacionalidad de su titular, era válido, y que por tanto su portador, no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad.

También dejó claro que independientemente de que el menor esté documentado o no, estas pruebas de determinación de la edad, en el caso de ser invasivas, requieren un juicio de proporcionalidad; cualquier duda sobre la minoría de edad basada en la simple apariencia física de la persona deberá resolverse a favor del menor, es decir, no podrán aplicarse indiscriminadamente y siempre teniendo en cuenta que las actuales técnicas no permiten determinar con absoluta precisión la edad de la persona, y, en especial, en el caso de las niñas, pues el carácter intrusivo de algunas de las técnicas médicas que se utilizan en ciertos Estados miembros pueden resultar traumatizantes, por lo que ellas deberán gozar del beneficio de la duda.

Fuente: blog.sepin.es

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