LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS

Como publicamos el pasado 14 de Diciembre, estaba a punto de entrar en vigor el Real Decreto Ley 21/2018,  de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que, entre otras medidas, contemplaba importantes reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. En dicha publicación, destacábamos la ampliación de los contratos de alquiler a 5 años.

Dada la naturaleza provisional de todo real decreto ley, esta norma jurídica debía convalidarse en el plazo máximo de treinta días hábiles por el Congreso de los Diputados desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Finalmente, y como algunos ya se temían, no ha obtenido la confianza de la cámara, y el texto no ha sido convalidado, quedando derogada automáticamente dicha normativa; sin perjuicio de haber desplegado efectos jurídicos absolutamente plenos, por lo que todos los actos realizados a su amparo son válidos, en aras de garantizar la seguridad jurídica.

La causa de que finalmente se haya “tumbado” por la Cámara este Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos es que su contenido difiere mucho del contenido que inicialmente se había negociado con el Grupo Parlamentarios de Podemos en el Acuerdo de Presupuestos de 2019, así como del contenido de la Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable que el propio PSOE registró en fecha 23 de marzo de 2018.

La falta de calidad técnica del nuevo texto legal evidencia que esta reforma se aprobó deprisa y corriendo – hasta el punto de que había errores de tal envergadura como equivocarse en el número de artículo supuestamente modificado -, olvidando aspectos fundamentales para la protección legal del arrendatario de vivienda, que fue desmantelada por la tan criticada reforma de la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler.

De forma resumida, los aspectos que no incluía el texto del Real Decreto Ley, y que han sido la causa de este batacazo del Gobierno son los siguientes:

1) Eliminación de la publicidad registral de los contratos de arrendamiento de vivienda para que tengan eficacia legal frente a terceros, mediante la reforma de los arts. 7.2, 13, y 14 de la LAU.

2) Aumento del plazo de preaviso para dar por extinguido el contrato de arrendamiento por el arrendador, mediante la reforma del art. 10 de la LAU, y aclarar que se trata de prórrogas anuales hasta un máximo de tres años, y no de una prórroga trienal, como se deduce del confuso redactado de la reforma recién derogada.

3) Modificación de la LEC para que los procedimientos arrendaticios se tramiten por cuantía y no por materia. De esta forma se garantiza al arrendatario que pueda acudir al procedimiento de juicio verbal para hacer reclamaciones de cantidad que sean inferiores o iguales a 6.000 , que tiene menores costes económicos de defensa que la tramitación de la demanda por el juicio ordinario.

4) Obligación por ley de que el arrendador asuma todos los gastos del contrato de arrendamiento de vivienda, no admitiéndose pacto en contrario. Debemos tener en cuenta que el arrendatario de vivienda es siempre la parte débil del contrato, y no se puede dejar al arbitrio de la voluntad de las partes una cuestión que incide directamente en la asequibilidad del acceso a la vivienda del ciudadano.

Otro aspecto de la reforma que reclamaba el Grupo de Podemos es la limitación, temporal y excepcional, de rentas a precio de mercado en contratos de arrendamiento de vivienda en zonas urbanas declaradas de mercado tensionado para evitar la especulación con el mercado de la vivienda.

 

Fuente: http://www.expansion.com

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Como publicamos el pasado 14 de Diciembre, estaba a punto de entrar en vigor el Real Decreto Ley 21/2018,  de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que, entre otras medidas, contemplaba importantes reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. En dicha publicación, destacábamos la ampliación de los contratos de alquiler a 5 años.
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