Cuestiones jurídicas sobre la vacunación en España

Durante estos primeros días del año 2021, la campaña de vacunación frente al COVID-19 acapara todos los focos mediáticos. Por su parte, y en paralelo, estamos asistiendo a un debate social sobre si debe ser obligatoria la vacunación, comenzando a postularse como un asunto jurídico repleto de polémica.

En consecuencia, y a no ser que el legislador decida promulgar normativa al respecto, para determinar si la vacunación frente al COVID-19 debería o no ser obligatoria, tendremos que interpretar la regulación en materia sanitaria.

En lo referente al Derecho a la Libertad Personal, el Tribunal Constitucional recoge en su Sentencia de 28 de marzo de 2011, que el tratamiento médico obligatorio no produce una vulneración de este derecho. Pese al planteamiento esgrimido en la Sentencia, la Doctrina del Tribunal Constitucional estima que el derecho del paciente a aceptar o rechazar medidas terapéuticas forma parte del contenido esencial del Derecho a la Integridad Física recogido en el artículo 15 de la Constitución Española

En lo referente a cuestiones de salud pública en España, estas siempre han tenido un tratamiento desde una perspectiva individual. El Derecho a la Salud Pública, tiene un alcance colectivo dirigido a la protección de los intereses generales y, además, su concepción está ligada a medidas de naturaleza preventiva.

Una campaña de vacunación obligatoria no podría valerse del mandato constitucional de este precepto puesto que a pesar de que pudiera tener un alcance colectivo, y que dicha medida pretenda preservar la salud pública, colisionaría con el Derecho Fundamental a la Integridad Física. En consecuencia, el Derecho a la Salud Pública no puede prevalecer sobre un Derecho Fundamental.

Ahora bien, la vacunación en España es voluntaria, no obstante en situaciones de especial gravedad y transcendencia como es la actual, ante la carencia de norma específica, ¿Contamos con regulación que ampare un supuesto de vacunación obligatoria?

A pesar de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, en la situación sanitaria excepcional que vivimos en el presente, no parece suficiente para poder superar las exigencias de legalidad y constitucionalidad para adoptar medidas como es la vacunación obligatoria debido a que el Estado de Alarma no suspende el Derecho Fundamental a la Integridad Física.

En suma, el marco jurídico actual, no contiene la habilitación legislativa necesaria para adoptar una decisión como es la de la vacunación obligatoria. Los Juzgados y Tribunales de todo el territorio nacional se han pronunciado acerca de esta polémica cuestión. Pero nunca en un contexto como es el actual, por lo que han tenido que dar respuesta a supuestos, en su mayoría individualizados, o en los cuales no se discutía el Derecho a la Integridad sino más bien otros como el de Libertad Religiosa.

La posición de nuestros Tribunales es dispar y obedece a la casuística por lo que no se desprende ningún criterio a seguir a nivel colectivo. Por tanto, no existe marco regulatorio ni precepto constitucional que en la actualidad ampare un supuesto de vacunación obligatoria de la población.

Fuente: https://diariojuridico.com

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