Absentismo escolar en tiempos de COVID-19: parámetros penales y civiles de responsabilidad

La educación no se concibe únicamente como un instrumento dirigido a la gestación de profesionales. De acuerdo con nuestra Constitución, todos sin excepción tienen derecho a ella (27.1 CE).

Cuando la epidemia explotó en nuestras manos, las autoridades educativas se toparon con una realidad difícil de cuestionar: nuestro sistema educativo en sus escalas básicas no funciona a distancia, con los alumnos en sus casas, o lo hace con unos resultados insatisfactorios.

Desde entonces, Comunidades Autónomas y Gobierno afirman haber desarrollado fórmulas para que el regreso de los alumnos a las aulas resulte seguro para la comunidad educativa y no genere nuevos focos infecciosos.

El día 3 de septiembre de 2020 el Excmo. Fiscal de Sala de Menores emitió la nota de servicio 1/2020, de 4 de septiembre (SP/DOCT/106789), aclarando y unificando las funciones de los fiscales de menores ante las situaciones de absentismo escolar.

Cuando existe este absentismo, se abre expedientes que son remitidos a las Fiscalías territoriales, especialmente en los casos de absentismo de larga duración o cuando los profesionales intervinientes han considerado que la familia no ha colaborado con su propósito. La labor que se presenta al Fiscal en esos casos es la de poner en marcha una investigación que se prevé en el artículo cinco del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El objetivo será determinar si existen indicios de la comisión de un delito.

Fuente: https://blog.sepin.es

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